La magistrada del juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la dana reitera en un nuevo auto que considera «inexplicable la ausencia de respuesta» por parte de la Generalitat el 29 de octubre y la «ausencia de avisos a la población» cuando las llamadas recogidas en el 112 indican que conocían «perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por Chiva».
Insiste la juez en esta tesis en un auto en repuesta a la petición de aclaración que realizaron los abogados del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, para determinar con precisión dónde y en qué circunstancias murieron las víctimas y, sobre todo, que se aclare «qué comportamiento, qué hechos u omisiones» recogidos en el Código Penal le son atribuibles.
No aclara la magistrada este extremo y considera recogido ya en el sumario lo referente a las víctimas, pero sigue defendiendo la declaración de Argüeso como imputado ante la falta de avisos a la población «en cualquier lugar donde pudieran encontrarse, en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad» porque «es inexplicable» dada la «ingente información de que se disponía por la Administración autonómica, la Aemet, el 112, la CHJ y los medios de comunicación».
Para ejemplificarlo recoge los audios de las llamadas al 112 que hizo uno de los hijos de una mujer personada en la causa por el fallecimiento de su marido y otros dos hijos. «Dichos audios tienen una doble importancia, muestran el padecimiento que sufrió ella, a quien nadie alertó y confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad que finalmente tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo».